Con el objetivo de permitir la contratación y concesión hasta por 40 años a empresas privadas de todo tipo de infraestructura (escuelas, carreteras, hospitales, plantas hidroeléctricas, telecomunicaciones), así como todo tipo de prestación de servicios públicos (agua, energía eléctrica, transporte urbano, recolección de basura, tratamiento de desechos, seguridad y hasta panteones) el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Públicas Privadas, considerada por sus principales críticos como anticonstitucional y “la subasta más salvaje” de este país durante el sexenio.
Las presiones de los gobernadores del PAN, PRI y algunos del PRD, así como el intenso cabildeo del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Alonso Pascual García Tamés, actual director de Banobras, ambos amigos de Felipe Calderón, aceleró la discusión en comisiones y la votación de este dictamen, el 7 y el 12 de octubre pasados, en el pleno del Senado.
El dictamen pretende ser aprobado fast track en la Cámara de Diputados antes de que inicie la discusión sobre la Ley de Egresos para el 2011. Para los senadores Pablo Gómez, del PRD, y Ricardo Monreal, del PT, se trata del “saqueo más grande de las finanzas nacionales” ya que comprometen los recursos públicos de manera transexenal.
“Esta ley, si llega a entrar en vigor va a inaugurar, una nueva generación de la corrupción pública. Esto es lo que nos va a dejar Calderón”, afirmó Pablo Gómez, quien trató infructuosamente de frenar la aprobación de la iniciativa el jueves 7 de octubre.
“Sustituyendo a la autoridad pública en la creación de infraestructura necesaria y dejando a los particulares la administración de la misma, no se promueve la infraestructura, sino los buenos negocios y la corrupción pública que, eso en México, ya es decir bastante”, remató Gómez durante su intervención en tribuna.
En sus objeciones, Monreal afirmó que esta ley violenta el artículo 28 constitucional al incluir “la prestación de servicios” reservados para el Estado, deja al libre albedrío de los particulares las decisiones en materia de obras y servicios y viola la facultad fiscalizadora del Congreso.
“Al no haber control por parte del Congreso, se evade la fiscalización y no se fomenta la responsabilidad presupuestaria, ya que permite al gobernante en turno comprometer recursos futuros, dejando a las siguientes administraciones un pasivo”, resumió.
El senador priista Francisco Labastida Ochoa, uno de los principales críticos de la iniciativa al interior de su bancada, admitió a Proceso que lograron el 80 por ciento de los cambios necesarios a la iniciativa original del Ejecutivo, pero que se requieren aún 20 por ciento de los cambios necesarios para evitar que sea “uno de los proyectos más desmanteladores” que había él visto en sus 48 años de servicio público.
Labastida presumió que el PRI logró más de 20 cambios de fondo, entre ellos, la prohibición de la figura de los fideicomisos, la eliminación de candados de discrecionalidad que permitían la asignación directa o las expropiaciones sin respeto a lo estipulado en la Ley Agraria, pero admitió que no existen candados antimonopólicos que permitan, por ejemplo, que una sola empresa se lleve los contratos de construcción de carreteras.
El Negocio del Sexenio.
En los hechos, el esquema de las asociaciones públicas-privadas (APP) ya existe en varias de las grandes obras de infraestructura que financia Banobras, en los proyectos de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad y en las concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El subsecretario de Infraestructura de la SCT, Oscar de Buen, presumió en marzo de 2010 ante empresarios españoles que existe una bolsa de 250 mil millones de dólares previstos en el Programa de Infraestructura para el periodo 2007-2012.
“Las empresas españolas se han convertido en líderes mundiales en asociaciones públicas-privadas”, afirmó De Buen, quien ofreció en Madrid que tanto Banobras como la SCT pueden ofrecer financiación. Durante este encuentro, citó los ejemplos de las constructoras trasnacionales FCC, Acciona e Isolux Corsan como ejemplos de este esquema, según consignó un despacho de la agencia Reuters.
En el portal de internet de Banobras, se presumen como “casos de éxito” varios proyectos de asociación público-privada hasta por 30 años, como el Viaducto Bicentenario, que se construye en el Estado de México y fue concesionado a la empresa española OHL, cuyo representante en el país es José Andrés de Oteyza, ex integrante del gabinete de José López Portillo.
La obra del Viaducto Bicentenario abarcará 22 kilómetros y tendrá un costo de 6 mil 500 millones de pesos, en su primera etapa. OHL, la empresa concesionaria le cobrará a cada uno de los automovilistas que circulen por esta vía 1.32 pesos por kilómetro y calculan un aforo de hasta 60 mil automovilistas diario.
El pasado 3 de septiembre, el gobernador Enrique Peña Nieto inauguró los doce kilómetros del nuevo tramo de este viaducto, que va de Lomas Verdes a Lago de Guadalupe y se complementa con los cinco kilómetros que ya funcionan de Lomas Verdes al Toreo.
El mandatario priista presumió que, con la iniciativa privada, se realizó una inversión de 120 mil millones de pesos. “Si esperáramos a que los gobiernos nos lo lleváramos a cabo, deberíamos postergar el desarrollo de infraestructura”, justificó Peña Nieto.
Otra obra con el esquema APP es el Centro Integralmente Planificado “Costa Pacífico”, construido como un polo turístico en la región de Mar de Cortés, en Sinaloa. Se prevé la construcción de 33 mil 100 cuartos de alojamiento y vivienda.
Banobras informó que “en febrero de 2009 se concretó la formación del apoyo concedido al proyecto, con lo que se logró acelerar su desarrollo sin afectar el techo de endeudamiento de Fonatur”.
También bajo este esquema, la SCT concesionó la construcción de la autopista Arriaga Ocozocuatla, en Chiapas, el libramiento norponiente de la autopista Monterrey-Saltillo, la modernización de la carretera Irapuato-La Piedad.
Los gobiernos de Nayarit, Estado de México y Chiapas, entre otros, han utilizado esta figura para concesionar a privados el relleno sanitario, empresas de residuos sólidos en Coacalco y Nicolás Romero, Estado de México, y en la capital chiapaneca de Tuxtla Gutiérrez.
Sin embargo, es la Comisión Federal de Electricidad la que ha atraído proyectos de mayor envergadura bajo la figura de APP. Es el caso de las plantas hidroeléctricas El Gallo, Chilatán y Trojes en los estados de Guerrero, Jalisco y Michoacán; la construcción e instalación de 6 líneas subterráneas de distribución de energía eléctrica en Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas; la perforación y equipamiento de 20 pozos en el campo geotérmico en Cerro Prieto que comenzará a operar este mes; y el proyecto de cogeneración de energía eléctrica en el Complejo Procesador de Gas Nuevo PEMEX, ubicado a 38 kilómetros de Villahermosa, Tabasco.
Mitos y Realidades de las APP
La figura de las Asociaciones Públicas-Privadas (APP) fue creada en 1992 en Gran Bretaña para impulsar proyectos de infraestructura y servicios públicos. Actualmente, existen 25 países que llevan a cabo proyectos de inversión de este tipo, como Canadá y Brasil.
El argumento a favor es que se incrementa la inversión en infraestructura, los privados se hacen cargo de los riesgos de retraso y defectos de las obras y los particulares resultan más eficientes que el sector público.
Sin embargo, no todo ha resultado tal como pensaban sus promotores. En Canadá, el doctor Colin Leys, profesor de Queens University, afirma en un estudio que el costo de los hospitales británicos se triplicó o cuadruplicó con el esquema de APP, llamado Private Finance Iniciative.
Assa Cristina Laurell, ex secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal, cita en un estudio del 28 de abril de 2001 los ejemplos de dos hospitales de alta especialidad, construidos bajo el esquema de APP, antes de que se aprobara la ley.
“El de León lleva tres años de funcionamiento, apenas trabaja al 40 por ciento de su capacidad y dedica el 65 por ciento de su presupuesto al pago de la constructora-administradora Acciona y el 35 por ciento a la atención médica.
“El de Ciudad Victoria, que se inauguró hace un año, sólo hospitalizó a 77 pacientes entre marzo y diciembre y ahora se prepara para hacer ¡liposucción!. Sin embargo, el gobierno federal lo aceptó fraudulentamente como terminado y ha desembolsado del erario público unos 216 millones al contratista Marhnos, socio del panismo”, refiere el estudio, cuya copia obtuvo Proceso.
Laurell advierte que con esta ley “el gobierno traspasa sus responsabilidades a la iniciativa privada en áreas sustantivas, pero, ante todo, crea nuevos negocios con ganancias extraordinarias para sus empresarios y consultoras preferidos, entre los que se encuentran, por ejemplo, Gerardo Rivero, cuñado de Carlos Salinas; los Mariscal Servitje, Olegario Vázquez Raña, Carlos Slim, las grandes compañías constructoras, entre otros”.
Fast Track Legislativo
El primer intento por aprobar esta polémica ley fue el 29 de abril de este año. Con los votos de la mayoría del PAN y del PRI se aprobó en lo general, pero los senadores del PRD, PT y Convergencia plantearon más de setenta reservas a la nueva ley y tuvo que posponerse hasta el presente periodo ordinario.
“¡Es un atraco, un asalto en despoblado!”, afirmó el senador Ricardo Monreal, del PT, al presentar en aquella sesión 65 reservas.
Los senadores perredistas Rosalinda López, Rubén Garibay, Rubén Vázquez y Silvano Aureoles presentaron otras 13 reservas y consideraron que se trataba de una iniciativa anticonstitucional.
El senador priista Eloy Cantú, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, uno de los principales impulsores de la ley, se quejó en aquella ocasión por la “táctica dilatoria” de los senadores de izquierda. Sin embargo, dentro de la propia bancada del PRI varios senadores expresaron su oposición a lo que consideraron “el proyecto más desmantelador” del sector público.
Entre esos opositores a la ley estaban el senador Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI y responsable de asuntos económicos dentro de su bancada. En la sesión plenaria de su bancada, realizada entre el 23 y 24 de agosto en Acapulco, Labastida criticó la iniciativa del Ejecutivo y demandó que se le impusieran candados para evitar que por esta vía se diera entrada a la iniciativa privada en la explotación de hidrocaburos.
El jueves 7 de octubre, con apenas la mitad del quórum de legisladores, el Senado aprobó por 64 votos en lo particular y ninguno en contra, 55 de los más de 140 artículos de la iniciativa.
Durante esa sesión, se aprovechó la ausencia del senador petista Ricardo Monreal, quien había presentado varias reservas. Cantú Segovia presumió que el PRI logró excluir la figura de los fideicomisos de varios artículos.
El martes 12 de octubre, en menos de veinte minutos, el Senado aprobó por 85 votos a favor y sólo 8 en contra la ley en sus términos generales. No hubo discusión alguna.
En la exposición de motivos, las comisiones dictaminadoras afirman que “los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer necesidades colectivas con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles que se traducen en una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto”.
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