Recientemente se filtró el audio de una grabación de más de dos horas de una sesión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desarrollada en agosto del 2010 y encabezada por Daniel Karam, director general de esta institución, misma en la que los participantes dejaron en claro su intención atacar a los trabajares de dicho instituto como alternativa, según ellos, para sortear la crisis financiera que experimenta la principal institución de salud de nuestro país, misma que otorga servicios a 45 millones de derechohabientes.
La medida que pretende ser impulsada por estos personajes, todos ellos al servicio de Calderón, del PAN, del PRI y de la burguesía, consiste en declarar la quiebra financiera del IMSS para justificar el despido masivo de 319 mil empleados los cuales, según lo planeado, serían recontratados con un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) mutilado en un 50% de sus prestaciones en comparación al que actual rige sus relaciones laborales; además, dado que el despido de todos estos trabajadores significaría la pérdida de su antigüedad, la propuesta del Consejo Técnico también contempla la imposición de un “bono de liquidación obligatorio” para que la cantidad recibida por el trabajador sea depositado en un Afore para que haga uso de ese dinero cuando termine su vida laboral. Con esta última medida sería eliminado de un solo golpe el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de aproximadamente la mitad de los trabajadores del IMSS.
De prosperar los ataques las consecuencias sobre los empleados de esta institución médica serían tan graves, o incluso más, que la funesta contrarreforma a la Ley del IMSS impuesta por Fox en agosto del 2004, misma que fue diseñada para golpear el RJP de los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
El supuesto objetivo de Calderón es reducir los costos de operación del IMSS para “asegurar su viabilidad” en el futuro. Se trata del mismo argumento que hace década y media empleó Zedillo y después Fox en el 2004 en su oportunidad, para impulsar sus respectivas contrarreformas contra esta institución médica. Sin embargo a pesar de todo ello la crisis financiera del IMSS se continúa profundizando.
La explicación de esto último radica en que todas las medidas implementadas por los gobiernos del PRI y del PAN, más que sanear las finanzas del IMSS para su fortalecimiento lo que pretenden es desmantelarlo con el objetivo de abrirle paso al jugoso negocio de la medicina privada; esta razón es la que está detrás del hecho de que los mexicanos, con un salario mínimo mensual de 1870 pesos, se ven forzados a cubrir directamente de sus bolsillos el 47.8 % del gasto nacional en salud, mientras que en países como Holanda, donde el salario mínimo en promedio se ubica en 23 mil 747 pesos mensuales, ese porcentaje es de apenas 6.2% de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La explicación de la crisis financiera del IMSS tiene su origen no en los derechos de sus trabajadores sino en la política del PRI y del PAN la cual ha significado que cada medida implementada se traduzca en enormes beneficios para la burguesía, ejemplo de ello es la “Ley Zedillo” que destruyó el régimen solidario de jubilaciones en México sustituyéndolo por el régimen individual lo cual significó arrebatarle de las manos al instituto un multimillonario fondo de reserva para ser trasladado a los banqueros por medio de las Afores. También esa ley posibilitó el que la participación patronal en las finanzas del IMSS por medio de cuotas se redujera en 15%. Otro fenómeno que explica la crisis del IMSS es la corrupción de sus altos directivos la cual se traduce en que, de acuerdo a la OCDE, se evapore el 36% del presupuesto designado para la adquisición de medicamentos. En 2011 el IMSS destinó para este rubro 27 mil 984 millones de pesos lo cual quiere decir que de dicha cantidad, aproximadamente unos 15 mil millones de pesos se perdieron en corruptelas y no se emplearon en la compra de medicamentos.
Estos argumentos nos permiten afirmar que la solución a los problemas del IMSS se encuentra no en atacar los derechos de sus trabajadores, sino en revertir la política antiobrera del PRI y del PAN: en eliminar las Afores y regresar a régimen de jubilaciones anterior a la Ley Zedillo, en elevar las participaciones patronales, así como en suprimir la corrupción de los altos directivos junto con sus sobre sueldos. Esas medidas ya representarían por sí mismo pasos enormes para mejorar significativamente la situación financiera del IMSS. Por ello no se justifica ni un solo despido en dicha institución ni la mutilación del CCT.
La anterior es la postura que debemos adoptar los trabajadores del IMSS, sus derechohabientes y el conjunto del movimiento obrero. La unidad de la clase trabajadora será vital en esta lucha. ¡AMLO y los sindicatos tienen que llamar a la movilización para defender al IMSS!
Un obstáculo para la defensa de los trabajadores del IMSS es Valdemar Gutiérrez Fragoso, dirigente del SNTSS y diputado panista. Si Valdemar y sus charros del sindicato no están dispuestos a luchar tendrán que ser desplazados por medio de comités de trabajadores organizados en cada centro de trabajo y representados por delegados democráticamente electos que establezcan una coordinación para la acción a nivel regional, estatal y nacional. La democracia sindical será vital en esta lucha. La huelga nacional y el paro laboral son medidas que también tendrían que ser impulsadas para frenar la rapiña del PRI, el PAN y los patrones.
La defensa de IMSS es un asunto más que serio y no podemos permitir que se le siga desmantelando.
Texto publicado originalmente en la edición No. 1776 de la revista ¨Proceso
La red de intereses de altos funcionarios de Televisa con la industria farmacéutica, particularmente de su vicepresidente Bernardo Gómez con la empresa Landsteiner, demandada penalmente desde abril de este año por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como la sociedad entre Grupo Televisa y la trasnacional Genomma Lab, empresa líder de medicamentos de “primer nivel” y de cuidado personal en Estados Unidos y Puerto Rico, están detrás del escándalo mediático que se detonó esta semana en todos los espacios informativos de la televisora para documentar “la relación corrupta a base de comisiones y sobornos” entre el Seguro Social y otros laboratorios.
De acuerdo con fuentes de la industria farmacéutica, consultadas por Proceso,tanto Grupo Televisa como Landsteiner, empresa cuyo accionista principal Miguel Granados Cervera es primo político de Bernardo Gómez, han tenido serias diferencias con Miguel Angel Toscano, director de Cofepris, quien impulsó una demanda penal contra el laboratorio por presunta falsificación del medicamento Femulán, que sería el genérico intercambiable de otro inmunodepresor conocido en el mercado como Renacept, durante los estudios de bioequivalencia realizados en el Hospital General de México.
La demanda provocó el cierre temporal de las instalaciones de Landsteiner en Toluca, generándole pérdidas por cerca de 60 millones de pesos, así como presiones “desde el más alto nivel” gubernamental en contra de Toscano, titular de Cofepris.
Otro motivo de malestar contra la comisión responsable de aprobar o no el registro de medicamentos y su circulación en el mercado fue la orden de retirar y destruir la Sibutramina, medicamento para bajar de peso.
El comunicado del 14 de octubre pasado de la Cofepris establece que la orden de retirar y destruir la Sibutramina se debió a que “su riesgo a la salud es mayor que el beneficio para los consumidores que buscan bajar de peso”. En este comunicado se anexaron los nombres comerciales de los medicamentos que contienen esta sustancia, así como de los 29 laboratorios que los fabrican. Entre ellos estaba Landsteiner Scientifics S.A. de C.V.
Los intereses de Televisa en el sector van más allá que la relación de parentesco entre uno de sus vicepresidentes y Landsteiner. Desde el 30 de agosto de 2009 se informó a través de un comunicado que la empresa mediática y Genomma Lab Internacional establecieron una “alianza estratégica” para operar Televisa Consumer Products USA (TCP), cuya propiedad quedó establecida en un 51 por ciento para la empresa presidida por Emilio Azcárraga Jean y 49 por ciento para Genomma Lab.
“Esta alianza le permitirá a Genomma Lab expandir el éxito de sus marcas más allá de México y Latinoamérica, dándole acceso a un mercado hispano de aproximadamente 50 millones de consumidores con un poder adquisitivo de más de 870 mil millones de dólares anuales, beneficiándose también del alcance de la marca y el renombre de Televisa en este mercado”, estableció el comunicado conjunto.
El gran negocio que significará la introducción en México de productos farmacéuticos de libre venta y para el cuidado personal, aún necesita vencer varios de los obstáculos y regulaciones que pone Cofepris.
Las Pifias del Escándalo
La noche del martes 9 de noviembre, Joaquín López Dóriga inició El Noticierode Canal 2 presentando una serie de llamadas telefónicas que “de manera anónima” le hicieron llegar a Televisa.
Según el conductor, se trataba de una conversación entre “un funcionario aún no identificado de la Coordinación de Adquisición de Bienes” del Seguro Social y Rafael Castro, responsable de relaciones con entidades gubernamentales de Laboratorio Novartis.
Novartis y Landsteiner también han sido fuertes competidores por las licitaciones del ISSSTE para medicamentos inmunosupresores utilizados para trasplantes de órganos, como el riñón.
“En esta conversación se aprecia cómo el funcionario del IMSS informa al representante del laboratorio de una compra de medicinas en un estado por 80 millones de pesos en una licitación que, le informa, se va a publicar este jueves 11 de noviembre”, abundó López Dóriga.
“Entre ellos se refieren a la comisión que le tienen que dar, hablan de un 4 por ciento, pero dicen que, mejor, claro, sea del 5 por ciento. En la conversación mencionan al coordinador de Adquisición de Bienes del IMSS, César Mora Iriarte, y al director del Cofepris, Miguel Angel Toscano.
“En la parte final de este reportaje se registra una segunda conversación, esta ya hoy es la que alterados, muy alterados, dicen los mismos que hablaban antes que tienen que hablar urgentemente porque han sido descubiertos. Da la impresión de que se enteraron de la investigación periodística de Noticieros Televisa sobre este caso y por eso la alarma”, editorializó López Dóriga.
Dos días después de que las conversaciones fueran difundidas hasta el cansancio no sólo en El Noticiero, sino también en los segmentos de Primero Noticias,conducido por Carlos Loret de Mola, en todos los espacios informativos de Foro TV, incluyendo una larga parodia del payaso Brozo, y que Televisa entrevistara a legisladores, funcionarios y hasta al ex director del Seguro Social, Emilio Gamboa Patrón, se conoció que no se trataba de una negociación entre un funcionario “desconocido” del Seguro Social y un representante de Novartis, sino entre dos particulares.
A quien Televisa presentó como “funcionario aún no identificado” que negociaba con Rafael Castro, se trata de Carlos Abelleyra Cordero, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, de 2007 a 2009, en ese momento presidente ejecutivo de la compañía Stendhal, fabricante de medicamentos para combatir el VIH, y ampliamente conocido en la industria por tener 27 años de experiencia en el sector.
Abelleyra presentó el viernes 12 de noviembre una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, contra quien resulte responsable por el delito de interferencia ilegal de comunicación privada y por ataques a las vías generales de comunicación, ya que la conversación telefónica “fue interceptada ilegalmente”.
“Fue una conversación entre dos particulares, ambos profesionales de la industria farmacéutica, y no participó funcionario público alguno”, aclaró Abelleyra.
“La conversación versó, efectivamente, sobre un proceso de licitación pública de medicamentos por parte del IMSS y cuyas bases serían publicadas el jueves 11 de noviembre. En ella se discutieron los términos en los que una determinada empresa iba a participar, incluyendo algunas ideas sobre el costo de distribución, no sobre una comisión para corromper a funcionario del Seguro Social”, puntualizó Abelleyra.
“Es una calumnia, no se vale”
Entrevistado por Proceso, el ex dirigente también de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF), advirtió que pedirá “una disculpa pública” de López Dóriga.
“Es lo único que he hecho en mi vida. Tengo 27 años en la industria. He sido el hombre más importante en el sector, representé a todos los laboratorios y que ahora venga una calumnia y me destroce mi dignidad, no se vale, es mentira lo que han difundido”, señaló con rabia acumulada, tras tres días de mucha tensión.
-¿Qué le diría a López Dóriga?
-Yo no me voy a enfrentar a López Dóriga. Quiero que se dé cuenta de que lo que dice no es verdad y que ofrezca una disculpa pública.
“El dijo que yo era un funcionario del Seguro Social y no es verdad. El dijo que estábamos negociando comisiones y no es verdad. Utilizaron información confidencial que está penado por la ley”.
-En la última grabación se deduce que usted ya sabía que los habían grabado y le advierte a Rafael Castro. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se enteró de que habían escuchado la conversación?
-Claro que le advertí porque creo en la lealtad entre amigos. Rafael Castro trabajó conmigo antes de irse a Novartis. Y sí, me advirtieron que nos habían grabado las llamadas.
-¿Lo habían involucrado a usted en algún otro escándalo de este tipo?
-Jamás me habían implicado. Me están obligando a cerrar mi ciclo en la industria, porque bien dice un viejo dicho ‘calumnia, que algo queda’. Voy a seguir diciendo mi verdad no para afectar a nadie, sino porque están arrastrando a gente que ni la debe ni la teme.
-¿Si esta intercepción telefónica no documenta ningún caso de corrupción, desde su punto de vista qué significan?
-No documentan la corrupción. Documentan cómo pueden destruir la vida de las personas. Seguramente hay errores que cometimos en esas llamadas, pero nunca corrupción, nunca colusión.
Tanto Abelleyra como Rafael Castro anunciaron que se separaban de sus respectivas empresas. Tanto Stendhal como Novartis advirtieron en comunicados de prensa que las actividades y negocios mencionados en las llamadas se hicieron “a título personal” y no a nombre de ninguna de las firmas.
Calderón, Reacción Inmediata
La primera reacción, sin que existiera una plena claridad en la identidad de las dos personas que fueron interceptadas telefónicamente, fue la del presidente Felipe Calderón, quien envió un mensaje desde Seúl, a través de su cuenta en Twitter para anunciar:
“He dado instrucciones para que se investigue a fondo posible corrupción en el IMSS y se castigue a quienes resulten responsables”.
Con una celeridad que no se ha visto en otros escándalos o tragedias que involucran al Seguro Social, como el incendio de la guardería ABC, el IMSS cesó de su cargo César Mora, coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
El titular del Seguro Social, Daniel Karam, afirmó que no solaparán “ningún acto de corrupción” y que presentaron una denuncia de hechos ante la PGR para que se procediera al deslinde de responsabilidades. El Senado de la República acordó llamar a comparecer a Karam la próxima semana para abundar en este audioescándalo que Televisa defendió como propio.
El titular de Cofepris, Miguel Angel Toscano, negó en entrevistas a medios electrónicos, incluyendo una a Primero Noticias, estar implicado en el caso y confirmó que conoce personalmente a Rafael Castro.
“Me deslindo, no tengo nada qué ver ni personal ni institucionalmente con las licitaciones del Seguro Social. Como comisionado exijo que se investigue a fondo y se castigue a los responsables. Estoy a disposición de la Secretaría de la Función Pública”, afirmó Toscano.
“Si algo de lo que me he caracterizado en mi trayectoria es justamente ser recto y tratar de poner trasparencia en la Cofepris, transparencia que no había. Sigue habiendo incluso corrupción y hemos trabajado para combatirla”, admitió Toscano, ex legislador panista.
En la emisión del jueves 11 de noviembre, López Dóriga abrió su noticiario con el mismo escándalo y trató de vincular a Miguel Angel Toscano con el audioescándalo. Afirmó que Cofepris no tiene qué ver con las licitaciones del Seguro Social “pero sí con acelerar el registro de un medicamento. Sin un registro de Cofepris no pueden participar en una licitación”.
Reportaje emitido por Televisa el pasado jueves 11 de noviembre.
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