MOVIMIENTO POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA, LA DEFENSA DE LA TIERRA, LOS RECURSOS NATURALES Y EL TERRITORIO
DECALOGO.
Primero; Nos unimos desde nuestra diversidad y autonomía para luchar por la vía Pacífica por un cambio profundo en las políticas publicas para el campo y para el respeto a nuestras comunidades indígenas.
Segundo; Nos reconocemos más allá de nuestras diferencias; articulamos Capacidades e iniciativas para contribuir a la salvación del campo y la Preservación del territorio.
Tercero; Nuestra sabiduría a lo largo y ancho del país, desde la profundidad de las comunidades Indígenas y campesinas, nos dice que si hay Alternativas Viables para resolver los grandes problemas del campo y de la Soberanía alimentaria.
Cuarto; Sabemos que la dependencia alimentaria y la inseguridad comprometen no solo los derechos y modos de vida de millones de campesinos e indígenas sino que vulneran peligrosamente la independencia y la Economía de la nación así como los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de toda la nación.
Quinto; Decimos que si hay otros caminos diferentes al modelo de abandono del campo sin que se privilegie a las grandes corporaciones agroalimentarias que nos han impuesto durante tres décadas.
Sexto; Las organizaciones Campesinas e indígenas, somos consientes de Impulsar un respeto hacia las organizaciones del campo contribuyendo Al respeto de sus costumbres y sus formas de inclusión, decisión y Determinación de su territorio.
Séptimo; Sabemos que es insostenible económica, social, ambiental, política y Éticamente, continuar con un modelo de agricultura industrial, Extractivista, depredadora que concentra inversión publica, subsidios Créditos, asistencia técnica, apoyos a la comercialización en no más 10%, de las unidades de producción, que consume grandes cantidades De agua, energía fósil y agroquímicos que contaminan, agua, tierra, Aire.
Octavo; Que es insostenible éticamente para la preservación humana de nuestro país continuar con un modelo de exclusión social, de los ejidos, Comunidades, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes del campo, no Entendemos como en pleno siglo XXI, después de la revolución de 1910, se quiere invisibilizar a la población rural y negarle sus derechos Individuales y colectivos a la tierra, territorio y sus modos de vida, producción y cultura.
Noveno; Entendemos que es necesario una nuevo acuerdo entre el estado y la Sociedad rural, campesina e indígena, después de más de tres décadas De neoliberalismo en le campo mexicano, este cambio no será una Concesión graciosa tendremos que luchar por ella, haciendo un llamado respetuoso a todas las organizaciones y movimientos campesinos e indígenas a que luchemos desde nuestras necesidades Conformando una agenda transversal y un plan de acción unitario para Hacer los cambios que necesitamos.
Decimo; Llamamos a la unidad de las organizaciones, campesinas e indígenas contamos con una agenda justa y éticamente viable, nuestro compromiso es;
a). Coadyuvar y Acordar con el gobierno mexicano una transición a fondo de la política publica del campo mexicano, con respeto al Territorio y a su cultura comunitaria. Haciendo efectivo el derecho de Los pueblos indígenas y campesinos a la tierra, el territorio y la consulta Y el consentimiento previo libre e informado.
b). Promover el aumento de la producción de alimentos básicos, así como la conservación del medio ambiente y su sustentabilidad, para reducir la pobreza, mediante una banca agrícola y una empresa del estado que acopie y comercialice a precios justos.
c). Crear una instancia de dialogo y negociación y seguimiento entre el Gobierno Federal y las organizaciones campesinas e indígenas.
d). Contribuir a la gobernabilidad y a que las organizaciones resuelvan sus demandas.
PROPUESTAS
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA AGRICULTURA CAMPESINA.
REQUERIMOS:
Una nueva política pública para alcanzar la autosuficiencia alimentaria con campesinos e indígenas, equidad de género y generacional, con un nuevo modelo de producción sustentable, sin maíz transgénico y sin monopolios, para la soberanía alimentaria y la plena realización del derecho a la alimentación y la organización rural.
El Gobierno Federal, en consulta y acuerdo con las organizaciones campesinas e indígenas, deberá comprometerse a llevar a cabo una reestructuración completa y de fondo del Programa Especial Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que los recursos públicos se destinen a fomentar la producción y productividad agropecuaria, pesquera y forestal, prioritariamente de pequeña escala para el desarrollo de la economía campesina e indígena.
En el marco de la nueva política agroalimentaria objeto de la propuesta se fomentara la producción agropecuaria, pesquera y forestal, transformando las cadenas productivas para incorporar a éstas a los campesinos e indígenas de manera sustentable y sostenible mediante la innovación tecnológica y métodos que puedan mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, impulsando los instrumentos adecuados para reducir las pérdidas pre/post cosecha, además de mejorar la inocuidad y sanidad
Establecer un sistema de precios remunerativos y justos para los productores, dar certidumbre en la comercialización de las cosechas y definiendo en cada ciclo las compensaciones fiscales correspondientes. Para coadyuvar a este objetivo es necesario garantizar el abasto, estableciendo una reserva estratégica de granos, oleaginosas y productos agrícolas estratégicos. Asimismo, demandamos crear una nueva empresa del estado que acopie y comercialice y garantice precios justos y controlados, que el estado vuelva a producir semillas y fertilizantes generando empleos para el pueblo, rediseñar la política de comercio exterior que regule las importaciones de alimentos, productos agrícolas y de agroinsumos en función de los nuevos objetivos de autosuficiencia alimentaria, con precios remunerativos, justos y certidumbre en la comercialización de cosechas nacionales, así como la formación e integración de mercados locales y regionales.
El Gobierno Federal se compromete a reconocer las Organizaciones Campesinas como entidades de interés público, que impulsan y vinculan la organización económica y productiva de la población rural, su capacitación laboral y su formación empresarial, y el desarrollo social comunitario en el medio rural.
DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
Respetar las tierras y territorios en manos de los campesinos e indígenas, así como resolver los conflictos agrarios existentes, es una de las prioridades de las organizaciones campesinas e indígenas, requerimos subsidios directos para el pago anticipado de las cosechas, la producción, comercialización y la organización de productores, a la capacitación y transferencia tecnológica, para el aseguramiento frente a los riesgos climáticos y otorgarles una compensación económica cuando los precios del mercado estén por debajo de su valor.
Frenar la carestía en alimentos y garantizar el derecho a la alimentación, con el incremento de las tiendas rurales de DICONSA, con un abasto seguro, a precios inferiores al mercado, sin alimentos chatarra y garantizando compras de excedentes de productos alimentarios locales. Asimismo a impulsar la organización cooperativa, económica y de productores para actividades productivas de autoconsumo, de ahorro y consumo de alimentos sanos en el sector rural y urbano.
Asimismo que el Sistema de Salud dé realmente cobertura universal, que los programas de Vivienda prioricen la Producción Social de Vivienda (PSV) que organiza a las comunidades, el cual tiene enfoque de sustentabilidad y adaptabilidad a la cultura, organización y uso de recursos naturales.
Garantizar educación básica de calidad en el sector rural a través de escuelas dignas y la creación de servicios de albergues y comedores escolares, así como favorecer el acceso de los jóvenes del sector rural e indígena a escuelas de educación media y superior de alto nivel mediante el estímulo de becas para alojamiento y alimentación.
Establecer una política de seguridad pública a través de la organización de las comunidades para garantizar la paz y la tranquilidad en el ámbito rural respetando su organización social y política.
Impulsar el desarrollo regional de acuerdo a las características físicas, geográficas y culturales de cada región que permitan la participación de los campesinos e indígenas, por medio de Agencias de Desarrollo en las que converjan recursos y programas gubernamentales que garanticen el desarrollo integral y progresivo de la comunidad.
MANEJO SUSTETABLE DE RECURSOS NATURALES DE TIERRAS Y TERRITORIO
Deberemos incorporar a la Política de Cambio Climático la visión de las Comunidades Campesinas y de los Pueblos Indígenas originarios a través de la revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático; de la incorporación de una representación campesina e indígena al Consejo Nacional de Cambio Climático; de la revisión de la propuesta de Estrategia Nacional sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+) y de la revisión y reorientación del financiamiento del Banco Mundial para el proyecto de Bosques y Cambio Climático, entre otras medidas.
El Gobierno Federal se deberá implementar de manera inmediata la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras (ENA-MST) con la publicación del Programa Nacional de Manejo Sustentable de Tierras o de Lucha contra la Desertificación y la Sequía correspondiente, asignando el presupuesto necesario y estableciendo una Agencia dedicada al tema, a través de la reorientación de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA).
Necesitamos revisar y reorientar la Política de Conservación de la Biodiversidad, de Áreas Naturales Protegidas y de Pago por Servicios Ambientales, incorporando la visión de las Comunidades Campesinas y los Pueblos Indígenas con énfasis en el principio del respeto al derecho a usar sustentablemente sus recursos o medios de vida.
Requerimos programas integrales y multianuales para el desarrollo y consolidación del Manejo Forestal Comunitario en todo el país, que impulse de manera equilibrada el manejo sustentable del bosque natural, las plantaciones forestales y la conservación participativa, que deberá atender todos los tipos de ecosistemas forestales y a los diferentes niveles de desarrollo de los ejidos, comunidades indígenas, sus empresas y asociaciones.
Desarrollaremos políticas y programas que incentiven la Legalidad Forestal que fomenten la producción, consumo, transporte, transformación y comercialización legal de productos forestales para eliminar el mercado ilegal de madera y otros productos forestales.
El Gobierno Federal deberá diseñar e implementar un Sistema Nacional de Salvaguardas Campesinas, Indígenas y Ambientales en materia de proyectos de Carbono Forestal, Minería, Hidroeléctricos y en general de aquellos que representen un riesgo para el despojo de las comunidades. Hay en el país 2600 concesiones otorgadas por el gobierno mexicano principalmente a empresas extranjeras que abarcan, 35 millones de hectáreas, que es el 17.6%, del territorio nacional[1] 70%, son canadienses, que rompen equilibrio ambiental en el campo y una la violación de derechos de la población indígena y rural, pedimos se revoquen esas concesiones y se consulte a los afectados, se apruebe la ley de consulta indígena y se integre el marco jurídico de los tratados internacionales en la materia.
El Gobierno mexicano deberá a dar prioridad a las comunidades campesinas e indígenas en la concesión para la explotación de recursos minerales.
El Gobierno Federal se compromete a garantizar el derecho constitucional al agua, evitando cualquier intento de privatización; asimismo, a modificar las políticas públicas para el uso y distribución racional de este recurso, impulsando programas para su uso eficiente, su saneamiento y aprovechamiento de las aguas de lluvia
FINANCIAMIENTO PUBLICO, REFORMA FINANCIERA, CREDITO Y AHORRO PARA LA AGRICULTURA CAMPESINA E INDIGENA.
Impulsar la fusión de FIRA y Financiera Rural para la creación de una Financiera/Banco de fomento para la agricultura y el desarrollo rural con funciones de primer y segundo piso, una entidad con patrimonio propio y autonomía funcional cuya misión sea financiar la producción de alimentos básicos, promover las cadenas de valor, el desarrollo sustentable y fomentar intermediarios financieros rurales de los productores. También tendrá un mandato de inclusión territorial con equidad y garantizar el acceso al crédito productivo de corto, mediano y largo plazo a los pequeños productores en todas las regiones del país.
Queremos crear un banco social de primer piso que opere créditos y ahorro orientados al sector campesino de autoconsumo (para apoyar su incorporación gradual al mercado), apoye la bancarización de esas zonas y al desarrollo de pequeños productores con tasas preferenciales; enfoque a modelos de negocios e impulso de sectores y regiones prioritarias que privilegie el proyecto más que las garantías. Debe fortalecer la atención de las economías campesinas e indígenas, a través de intermediarios financieros del sector social que otorguen servicios financieros integrales (ahorro, crédito, seguros, medios de pago) en forma prioritaria para zonas de alta y muy alta marginación. Además del reconocimiento del sector social en el sistema financiero nacional que posibilite la creación de dicha banca.
Crear un Programa Nacional de Crédito a tasa del 5% destinadas al crédito productivo destinado a los pequeños productores de alimentos básicos con menos de 10 hectáreas, canalizado a través de banca de desarrollo, intermediarios financieros no bancarios y banca comercial donde se puedan financiar a nuevos productores.
Fomentar la constitución de intermediarios financieros de los productores para la bancarización de familias y el financiamiento productivo territorial: agrícola, la economía rural, a la micro y pequeña empresa, con enfoque territorial. Constituir un centro o instituto de formación y capacidades para intermediarios financieros rurales que permita fortalecer la construcción de capacidades locales de empleados y directivos; competencias laborales, la estructura, los procesos, capitalización, gobernabilidad de los intermediarios financieros rurales por ser los intermediarios financieros que atienden a los sectores más vulnerables (crédito y ahorro).
Crear un Sistema Nacional de Garantías a partir del FEGA y FONAGA combinado con un sistema de garantías recíprocas formado por FINCAS de los propios productores y con acceso a todo tipo de intermediarios financieros y no sólo a la banca. Este sistema debe incluir Ley de garantías Rurales para el sector social carente de garantías reales; así como un Registro Nacional único de Contratos de Crédito Rural.
La creación de Fideicomisos para el otorgamiento de créditos a la palabra, a través de fondo de mandato o de solidaridad, dirigido a avecindados y migrantes. Asimismo la creación de un programa CAPITAL SEMILLA para proyectos individuales, familiares y colectivos, del sector social, el cual se pudiera utilizar como garantía liquida, fondo de aseguramiento y/o capital de trabajo.
Fortalecer la creación de fondos de aseguramiento en regiones menos desarrolladas del sur del país, para lo cual deben reformarse la ley de Fondos de Aseguramiento y la política de Subsidios a la prima de seguros. En la ley deben permitirse la creación de fondos regionales que cubran ramas de producción o varias regiones de diversos estados; el subsidio a la prima debe ser más equitativo en coberturas por enfoque territorial. También deben fomentarse el desarrollo de nuevos seguros catastróficos o patrimoniales para las zonas rurales
FORTALECIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS, DERECHOS CAMPESINOS Y DE PUEBLOS INDIGENAS
El Gobierno Federal deberá comprometerse a formular una Estrategia Nacional de Promoción de ciudadanía y vigencia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el Medio Rural e Indígena.
Erradicar el uso clientelar y corporativo de los recursos públicos. Asimismo a formular una estrategia nacional de transparencia y rendición de cuentas, presupuesto participativo e instalar una contraloría social en cada uno de los programas públicos.
Respetar plenamente los Derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos a la Tierra y Territorio haciendo efectivo el Derecho de los Pueblos a la Consulta y el Consentimiento Previo Libre e Informado, por lo que no se deben de dar concesiones para aprovechamientos de recursos naturales sin notificar antes y consultar a los núcleos propietarios de las tierra y territorio.
Cancelar las concesiones en territorio indígena y campesino llevadas a cabo bajo la violación al Derecho de los Pueblos a la Consulta y al Consentimiento Previo Libre e Informado.
El Gobierno Federal se deberá comprometerse a implantar todas las recomendaciones de la ONU y la OEA en materia de derechos humanos. No criminalizar la protesta social y otorgar la libertad a los presos políticos por los conflictos agrarios, resolver los más de 192 conflictos en comunidades indígenas la mayoría relacionados con la minería.
Incorporar a las mujeres plenamente a la sociedad del conocimiento, fomentando el aprendizaje permanente y el acceso a las nuevas tecnologías. Además de fomentar el desarrollo de material de divulgación sobre leyes, reglamentos, normas e incentivos que fomenten la equidad de género y se traduzcan en lenguas indígenas.
Compromete a crear el Registro Nacional de Violaciones a Derechos Humanos con la participación mixta de organizaciones campesinas, indígenas, sociales y de derechos humanos e instancias gubernamentales.
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